El Gobierno asegura que la ley de Residuos y Suelos Contaminados será “más ambiciosa y eficaz”.

Madrid, 22 de marzo de 2011.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados por el que se transpone la Directiva 2008/98/CE y se actualiza la legislación tras más de 10 años de aplicación de la primera Ley de residuos. La nueva política apuesta por la prevención, maximiza el aprovechamiento de los recursos, y la disminución de los impactos adversos de su producción y gestión sobre la salud humana y el medio ambiente. Los ecologistas se muestran “profundamente decepcionados”.

El nuevo texto actualiza el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, delimita las obligaciones de productores y gestores simplifica trámites administrativos, utilizando un registro compartido entre las Administraciones, de modo que se garantice la transparencia y trazabilidad en la gestión. Se crea una Comisión como instrumento de cooperación y coordinación entre Administraciones públicas en materia de residuos, respetando el mercado interior y buscando soluciones eficaces, transparencia en la gestión y mayor accesibilidad de información.

Asimismo, se clarifican las competencias de las entidades locales en relación con los residuos generados en los municipios. De acuerdo con la legislación comunitaria, antes de 2015 deberá llevarse a cabo una recogida separada de distintos materiales procedentes de residuos (papel, plástico, vidrio, metales), posibilitando la separación de los biorresiduos y el establecimiento de sistemas de depósito, devolución y retorno.

Se incorporan objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de un 50% antes de 2020 para distintos materiales que componen los residuos domésticos y similares. En el caso de los residuos de construcción y demolición el porcentaje se eleva al 70% en reutilización, reciclado y valorización.

El nuevo texto establece que las Administraciones Públicas aprobarán programas y planes de prevención de residuos, así como de gestión, en el ámbito de sus respectivas competencias. Se crea un marco legislativo común para que los fabricantes y responsables de la puesta en el mercado de los productos que con su uso se convierten en residuos, se involucren en la prevención y gestión de los mismos.

La nueva Ley contribuye a impulsar la innovación asociada a productos y procesos, mercadotecnia y diseño, generando nuevas oportunidades laborales y sociales. Se establece un calendario hasta 2018 de sustitución de bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable, y desde 2015, la obligación de marcarlas con mensaje sobre sus efectos en el medio ambiente.

Se mantiene el régimen aplicable a los suelos contaminados de la Ley 10/1998 de residuos, y se matizan, entre otros, aspectos relacionados con la responsabilidad de la contaminación de los suelos. El nuevo texto refuerza las funciones de vigilancia, inspección y control, en consonancia con la supresión de determinadas autorizaciones y su sustitución por comunicaciones.

Asimismo se ha clarificado y completado el régimen sancionador. Para la elaboración de esta propuesta, aprobada hoy, se ha mantenido un proceso abierto de participación y consulta con Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Consejo Asesor de Medio Ambiente.

El MARM reconoce y agradece el esfuerzo realizado por las distintas Administraciones, las organizaciones sociales, así como los sectores empresariales para avanzar en una gestión más eficaz económica y ambientalmente de los residuos y en un uso más eficiente de los recursos y confía en seguir trabajando juntos en esa misma dirección.

Los ecologistas, profundamente decepcionados por el proyecto de Ley de Residuos

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace “lamentan profundamente la poca ambición que ha tenido el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la elaboración del texto” aprobado en el Consejo de Ministros. Su redacción “cede a las presiones de las comunidades autónomas y de la industria y da la espalda al medio ambiente y a los intereses de los ciudadanos”, según un comunicado.

El Proyecto de Ley de Residuos enviado al Parlamento traspondrá al régimen normativo español la Directiva Marco de Residuos. La nueva Ley que salga finalmente del trámite parlamentario será el marco regulatorio de la generación y gestión de residuos en los próximos años. En su redacción se basarán Comunidades Autónomas y entidades locales a la hora de elaborar sus propias normativas.

Sin embargo, el texto aprobado por el Consejo de Ministros está “muy lejos de responder correctamente a estas expectativas”. Es más, prosigue el comunicado, “de no incorporar mejoras sustanciales en el Parlamento, la nueva Ley seguirá fomentando una sociedad abocada a un callejón sin salida, centrada en la incultura de ‘usar y tirar’. Supondrá un retroceso comparado a la Ley vigente de 1998”.

Las ONG ecologistas denuncian que el Proyecto de Ley no aborda realmente las problemáticas relativas a la producción y gestión de residuos. Entre ellas destacan:

  • La falta de una apuesta clara por la reducción de la producción de residuos.
  • La reducción debe ser el pilar de toda nueva Ley de residuos en un mundo donde los recursos son cada vez más escasos.
  • La poca ambición con la que se trata la reutilización y el reciclado.
  • La ventaja ambiental, económica y social de un mayor grado de reciclaje es incuestionable. En la Unión Europea, por ejemplo, se podría crear 500.000 empleos al pasar del objetivo del 50% al 70% de reciclado.
  • La desaparición de la obligación de recoger biorresiduos.
  • La separación en origen de los residuos orgánicos es fundamental para obtener un abono de calidad a través del compostaje, el sistema más eficaz ambiental y económicamente de gestión de estos residuos.
  • El lugar que sigue ocupando la incineración, equiparada al resto de sistemas de gestión.
  • El mantenimiento del estatus quo en materia de bolsas comerciales de un solo uso.

En contrapunto, las cinco organizaciones ecologistas de ámbito estatal piden a los diputados que mejoren el presente texto. La sociedad española necesita una Ley de Residuos que:

  • Priorice la reducción de la generación de residuos y establezca objetivos y mecanismos concretos a tal fin;
  • Apueste por la gestión descentralizada, basada en el principio de proximidad;
  • Obligue a las autoridades competentes a tratar mediante el compostaje y la digestión anaerobia la fracción orgánica de los residuos domésticos;
  • Implante progresivamente Sistemas de Devolución, Depósito y Retorno para determinados envases, sistema de reconocida eficacia en países como Alemania o Austria;
  • Desincentive la incineración y el vertido mediante mecanismos como la imposición de un canon a estas opciones;
  • Prohíba la distribución gratuita de bolsas de un solo uso;
  • Garantice transparencia, acceso a la información y participación pública.
  • Incluya la certificación forestal para envases y etiquetas de envases constituidos por madera, papel y/o cartón.

“Con estas debilidades, el texto obvia las prioridades en gestión de residuos establecidas por la Unión Europea y refleja claramente que el Ministerio se ha ido doblegando a las exigencias del sector de la industria más reacio a una gestión ambientalmente responsable de los residuos, en detrimento de los intereses de la sociedad y del medio ambiente”, finaliza el escrito presentado por los ecologistas.

Fuentes:

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