Desde hace más de una década, las empresas grandes o simplemente responsables venían publicando sus informes anuales de responsabilidad social corporativa (RSC) de manera voluntaria. Pero esta voluntariedad cambió con la entrada en vigor de la Ley 11/2018, del 28 de diciembre, que transpone la Directiva Europea 2014/95/UE sobre Divulgación de Información No Financiera y Diversidad, obligando a determinadas empresas a publicar de forma periódica información relativa a RSC.
El ámbito de aplicación de esta Ley afecta a las sociedades consideradas de interés público o que reúnan durante dos años dos de las siguientes características: un balance superior a 20 millones de €, un volumen de negocio superior a 40 millones de € y más de 500 trabajadores. Además, al cabo de tres años, se extenderá a las sociedades con más de 250 trabajadores consideradas de interés público y tengan un balance superior a 20 millones de € o un volumen de negocio superior a 40 millones de €.
Cerca de 2.000 empresas españolas tendrán, por tanto, que elaborar un detallado informe sobre sus políticas de RSC, incorporando información sobre medio ambiente, políticas sociales y gobernanza y presentarlo en el Registro Mercantil junto con las cuentas anuales de la sociedad.
No cabe duda de que esta Ley es un paso importante en el mundo de la RSC y la sostenibilidad, y en los próximos años se verá su impacto. Entre la información ambiental a reportar se ha de incluir la relacionada con:
- Contaminación y medidas para su prevención, reducción o reparación.
- Economía circular y prevención y gestión de residuos.
- Uso sostenible de los recursos.
- Cambio climático: emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de las actividades de la organización, las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático; las metas de reducción establecidas y los medios implementados para tal fin.
- Protección de la biodiversidad.
Esta información no financiera cobra cada vez mayor relevancia para los mercados ya que el mundo financiero está incorporando estos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en sus decisiones de inversión, observando los riesgos (físicos, regulatorios, de transición, de mercado, etc) derivados de la evolución hacia una economía baja en carbono, circular y más sostenible y anticipando enormes oportunidades en el proceso de transición.