Porriño,23 de Noviembre de 2015.
Cada año, los más de 7.000 millones de ciudadanos del mundo generan más de siete kilos de basura electrónica: ordenadores, teléfonos móviles y televisores, pero también secadores de pelo, maquinillas de afeitar, memorias USB, cafeteras, videoconsolas… Los españoles suben esta media hasta los 17,8 kilos por persona al año, según Iniciativa Step, una alianza promovida por la ONU.
En España, la legislación vigente con respecto a la protección de datos y a la recogida de residuos es clara y estricta. Los soportes informáticos que contienen información confidencial de la empresa y/o datos personales, han de someterse a un proceso previo de destrucción en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre y de la Directiva 95/46/CE de Parlamento Europeo, de Protección de Datos de Carácter Personal. Por su parte, el residuo informático debe ser reciclado en cumplimiento con las normativas RAEE, de Residuos y Medio Ambiente.
A pesar de ello, un estudio realizado por SearchDataCenter.com pone de manifiesto que el 46% de los encuestados no cumple con las normativas en cuanto a reciclaje de sus activos tecnológicos. «No cumplir con la ley, con este entorno regulatorio cada día más exigente, es un riesgo importante y que puede salir muy caro al tenerse que enfrentar a multas y sanciones muy significativas y nunca previsibles que impactan tremendamente en la cuentas de resultados de las empresas», advierte Gutiérrez-Jodra.
Fuente: www.expansion.com