La inmensa mayoría de las empresas, independientemente de su tamaño, generan residuos de diversa índole por lo que son productores de residuos de acuerdo con la definición dada por la Ley 22/2011, de 28 de julio, que los regula. Entre los residuos que genera la actividad empresarial están los derivados de aparatos eléctricos y electrónicos que tiene su propia regulación a través del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, que regula su gestión.
Buena parte de estos residuos están considerados peligrosos por lo que las empresas tienen una serie de obligaciones para su correcta gestión que, de manera resumida, son las siguientes:
- Enviar una comunicación previa y registrarse como productor de residuos en su Comunidad Autónoma. Tienen esta obligación las empresas que generan residuos peligrosos o aquellas que producen más de 1.000 toneladas al año de residuos no peligrosos como resultado de su actividad.
- Tratar estos residuos de manera adecuada conforme a la normativa vigente. Para ello, deben encargar el tratamiento a un gestor autorizado.
- Dar información cuando estos residuos presenten características especiales que puedan producir trastornos en el transporte o en el tratamiento.
- Para los grandes productores (aquéllos que generan más de 10 toneladas al año) deberán elaborar y remitir a su Comunidad Autónoma un estudio de minimización de residuos comprometiéndose a cumplirlo.
- Para los grandes productores, suscribir una garantía financiera que cubra las posibles responsabilidades inherentes a su actividad y potencial contaminante.