Este es el título del informe publicado el pasado mes de marzo por la Fundación EQUO y la organización Basel Action Network (BAN) en el que se estiman que durante los dos últimos años países de la Unión Europea exportaron ilegalmente más de 350.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El informe recoge la metodología y resultados del estudio en 10 países de la Unión Europea para el que se eligieron determinados dispositivos electrónicos en los que se colocaron rastreadores GPS que permitía situarlos en el mapa. Los dispositivos se llevaron a puntos de recogida específicos donde supuestamente se garantiza una correcta gestión de los residuos.
La conclusión global es que, pese a que la legislación europea prohíbe la exportación de este tipo de residuos, un 6% de los dispositivos rastreados han sido exportados y más de la mitad de ellos han traspasado las fronteras de la UE acabando en países en desarrollo. Si se extrapolara los flujos descubiertos con cifras relativas a la generación de RAEE en Europa, haría un total de 352.474 toneladas por año de residuos gestionados de manera ilegítima, con las graves implicaciones ambientales, económicas y sociales que ello acarrea.
En este sentido, también la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) ha denunciado el desvío de RAEE a países de África y Asia con «escasas o nulas medidas de protección personal o de control de la contaminación». En concreto, la AEMA señala que muchas veces se queman al aire libre y emiten partículas de cenizas volantes con metales pesados y otros materiales tóxicos para la salud, el suelo y las aguas superficiales. Vertederos envueltos por el humo tóxico donde principalmente los más vulnerables (niños y adolescentes), sin ser conscientes de la peligrosidad de los elementos que manejan, destripan los aparatos para sacarles el cobre, el plomo y otros componentes que venden por unos pocos euros.
Estas prácticas suponen un claro incumplimiento de los tratados internacionales sobre la materia como el Tratado de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, y burlando a las regulaciones de los países desarrollados en cuanto a la no exportación y manejo adecuado de estos residuos.
Para luchar contra estas actividades ilegales es fundamental la adopción de normativas estrictas que sancionen estas prácticas, mejoren la vigilancia y fomenten un tratamiento adecuado de este tipo de residuos con todas las garantías medioambientales y de protección de la salud.