Madrid, 23 de febrero de 2011.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha imputado a 60 personas por su presunta implicación en la gestión ilegal de los residuos tóxicos de más de medio millón de frigoríficos, lo que ha supuesto un negocio más de 10 millones de euros en los últimos cuatro años.
La operación «Fragmento» ha sido dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. A los implicados se les imputa la comisión de varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, estafa y apropiación indebida, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.Los frigoríficos, en lugar de ser eliminados de acuerdo con la normativa medioambiental vigente, eran destruidos en centros no autorizados para este tipo de gestión, utilizando técnicas rudimentarias que permitían la liberación de gases que afectan gravemente a la capa de ozono.
Medio millón de toneladas de CO2
En el transcurso de la operación se ha podido constatar la liberación a la atmósfera de entre 70.000 y 99.000 kilos de gases CFC y HCFC, que son compuestos con un alto poder de efecto invernadero. Traducidas esas emisiones a toneladas de CO2, que es la unidad de medida que se usa como referencia habitual, equivaldrían a medio millón de toneladas de CO2. Para hacerse una idea de la dimensión, hay que tener en cuenta que las emisiones de todos los sectores industriales de España en todo un año son 400 millones de toneladas de CO2.
La investigación, desarrollada durante los últimos siete meses, se ha centrado en la comunidad autónoma de Madrid y en la provincia de Zaragoza, donde se encontraban los principales depósitos de diverso material de electrodomésticos, en los que se han intervenido hasta 1.300 frigoríficos fuera de uso que se pretendían fragmentar de manera incorrecta.
Las irregularidades comenzaban con la propia retirada de los frigoríficos que, en lugar de ser entregados en plantas autorizadas donde se extraen los gases de forma controlada, eran llevados a chatarrerías e industrias diversas, donde se despiezaban como si de cualquier otro residuo metálico se tratase.
Posteriormente, los materiales eran vendidos a fundidores y otras industrias que reciclan los distintos componentes, extendiéndose la investigación incluso hasta alguna planta de reciclaje autorizada.
Primera operación de residuos tóxicos
Tras tener conocimiento de las posibles irregularidades, la Fiscalía de Medio Ambiente comisionó a la Unidad Adscrita a la Fiscalía, del Seprona de la Guardia Civil, para que investigase los hechos, iniciándose así la primera gran operación que se lleva a cabo en materia de gestión de residuos tóxicos.
Tras analizar las distintas empresas y personas implicadas y llevar a cabo varias inspecciones en puntos de Madrid y Zaragoza, se pudo comprobar que los frigoríficos eran reciclados sin utilizar la tecnología necesaria para recuperar los gases peligrosos, fragmentándolos y destinando a diferentes fines los componentes extraídos: bien para ser aprovechados directamente en otros usos, bien para su venta a plantas de fundido y otras actividades.
Además de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, derivados de la liberación de gases a la atmósfera, también se cometían los de estafa, por cobrar tasas correspondientes a la eliminación ecológica de los frigoríficos entregados al adquirir los nuevos, sin llegar a efectuarla; y apropiación indebida, por vender los transportistas los frigoríficos retirados a instalaciones no autorizadas en lugar de depositarlos en las plantas legales.
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