En la era de la tecnología, en la que los computadores dan acceso a un mundo más amplio, la formación en informática es una salida para un mejor trabajo y, tal vez, para una mejor vida. Pero pocos son, en Uganda, quienes pueden permitirse comprar un ordenador nuevo. A modo de ejemplo, baste decir que el salario de un maestro es de 150 euros al mes, y el de un policía apenas llega a los 70 euros. Así que los 650 euros que puede costar un computador nuevo quedan muy lejos de las posibilidades de la gente corriente. De manera que comprar un ordenador de segunda mano por unos 150 euros puede parecer la mejor alternativa.
Uganda no quiere ser un vertedero de PC. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) calcula que cada año se generan 40 millones de toneladas de residuos electrónicos en todo el mundo, de los que entre el 60% y el 80% por ciento termina en los países en desarrollo. Y la cifra va en aumento en países como Senegal y Uganda, que hasta 2020 podrían ver multiplicado por ocho la cantidad de residuos electrónicos. En efecto, en Uganda, si se entra en un cibercafé, en una empresa o en una escuela de tecnología de la información lo más probable es que trabaje con una ordenador de segunda mano.
Ante el temor de que el país se convierta en un vertedero de viejos PC que deberían haber ido a los basureros europeos y estadounidenses, el gobierno presentó una ley prohibiendo la importación de ordenadores de segunda mano. La ley se aprobó en mayo de 2010 convirtiendo a Uganda en el único país del mundo que prohibía el uso de computadores usados.
Pero los ordenadores usados siguen a la venta, dentro de las tiendas o, a menudo, amontonados en las aceras. Y es que la policía no hace cumplir la ley y, hasta ahora, ningún vendedor ha sido penalizado. Aún así, estos siguen siendo reacios a que les entrevisten o fotografíen. “¡No, no, no! ¡Fuera! No le permitiré que tome una fotografía de mi tienda de ordenadores”, dice un tendero mientras empuja fuera al fotógrafo. “Sabemos que a los periodistas os envían para espiarnos y enviar la información al gobierno. ¡Largo de aquí!”, interpela otro comerciante.
Una necesidad para el futuro
Los críticos argumentan que la legislación es corta de miras y que hay ordenadores de segunda mano, reparados y de buena calidad, que permiten a muchas personas acceser a las tecnologías de la información. Para Wellis Welvis Kitto, un profesor de informática de la Escuela de Secundaria de Masaka, el acceso a los ordenadores de segunda mano significa que puede permitirse comprar más máquinas para sus estudiantes ávidos de tecnología.
La de Secundaria de Masaka es una de las mayores y más populares escuelas públicas de Uganda, a 140 km al sudoeste de Kampala. Sobre una de las pocas colinas de esta ciudad de unos 900.000 habitantes, la escuela presume de estar creando una generación “punto-com”. Estos estudiantes se forman no con relucientes monitores y ordenadores de última hornada, sino con teclados sucios, letras medio borradas y teclas pegajosas. Es más, el laboratorio de informática es uno de los preferidos de los alumnos de la escuela.
El profesor Kitto, un hombre de unos treinta años, muestra con orgullo su laboratorio de viejos y algo maltratados ordenadores y teclados esparcidos por las mesas de madera. Unos diez estudiantes se arremolinan alrededor del profesor Kitto, mientras les enseña cómo funciona una computadora. Pero cuando Stephen Kalema, de 17 años, le pide que muestre uno de los programas que aparecen en pantalla, ésta se queda en blanco cuando la máquina, sin previo aviso, se desconecta abruptamente.
“No es ninguna sorpresa que me deje colgado a media clase”, dice el profesor Kitto. Por otra parte, asegura el docente, una de las ventajas de los PC de segunda mano, es que es más fácil y barato arreglarlos. Es poco lo que se tarda en conseguir repuestos”.
“Trabajar con ordenadores de segunda mano, que muchos consideran como residuos electrónicos, no ha hecho que decaiga mi pasión por enseñar informática. Si pudimos crear este laboratorio es por la facilidad de conseguir viejas computadoras”, dice Kitto. Como consecuencia de la prohibición, la escuela se está viendo obligada a cambiar sus ordenadores obsoletos por otros nuevos. Kitto dice que ahora sólo podrá comprar tres en vez de 20.
Mientras tanto, sigue la cuestión de qué hacer con los ordenadores usados, porque no hay ninguna ley que regule esta cuestión. Los únicos que actualmente se dedican a eliminar estos computadores son empresas que se dedican a incinerar y recuperar minerales y metales preciosos, como el oro de estos aparatos.
Un análisis de 2008 sobre la gestión de los residuos electrónicos en el país, realizado por el Centro de Producción Limpia de Uganda y el laboratorio suizo Empa, calculó que, al menos, hay 80.000 ordenadores rotos acumulando polvo en habitaciones y almacenes de todo el país.
Waiswa Ayazika, el director de seguimiento ambiental de la Autoridad para la Gestión del Medio Ambiente (NEMA), puntualiza que “los comerciantes que traigan ordenadores de segunda mano están obligados a retornarlos a los países de origen o simplemente deben eliminarlos”. Pero ni comerciantes ni consumidores tienen un lugar donde tirar los computadores y otros insumos electrónicos.
Ayazika dice que NEMA está trabajando con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación para desarrollar una política de residuos electrónicos, pero más de dos años después de que se implantara la prohibición aún no se ha hecho nada.
El pasado año, NEMA dijo que destinaría 2,3 millones de euros en la construcción de un centro para destruir los residuos electrónicos, que iba a ser gestionado por la compañía Second Life. Sin embargo, Robert-Jan Nieuwpoort, director de Second Life, dice que el pasado mes de marzo NEMA le dijo que lo sentían mucho y que “ya no había dinero”.
Nieuwpoort dice que en su centro tiene tres contenedores con computadoras de segunda mano para reciclar. Necesita casi dos millones de euros para poner en marcha el proyecto de residuos electrónicos, pero, dice que “nadie invertirá en él si no le ven los beneficios”.
Sugiere que el gobierno debería proponer incentivos a los usuarios: gravar con una tasa adicional para el reciclaje cuando se compra un ordenador, y que ésta sea parcialmente retornada cuando se entregue la máquina a un centro de residuos electrónicos. Sin embargo, hoy por hoy, la estrategia de residuos electrónicos en Uganda está congelada y no se atisba que se vaya a reiniciar en un futuro.
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