Madrid 29 de enero de 2011.
El Gobierno es consciente de que la densidad del tráfico de las grandes ciudades españolas está generando verdaderos problemas para cumplir la normativa europea en materia de calidad del aire. Por eso en los próximos días el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar dos decretos para luchar contra la contaminación.
Uno actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras, la normativa nacional en materia de emisiones databa de los años setenta, y el otro traspone la directiva europea sobre mejora de la calidad del aire. Justo a tiempo para parar el procedimiento de infracción que tiene abierto la Comisión Europea contra España y que estaba a punto de llegar al Tribunal Europeo de Justicia por trasponer tarde la directiva comunitaria.
Con la aprobación del decreto, el Gobierno se obliga a elaborar un plan nacional de lucha contra la contaminación, que servirá de pauta para los que aprueben las comunidades autónomas y las entidades locales que miden la calidad de su aire, como Madrid. La capital tenía su propio plan, pero caducó en 2010. Entre otras cosas, el plan detallará medidas y objetivos concretos e incluirá un calendario de aplicación. Se elaborará con el acuerdo de las comunidades autónomas.
El decreto sobre calidad del aire llega en plena polémica por el anuncio de que las dos principales urbes, Madrid y Barcelona, pedirán una moratoria a Bruselas porque incumplen los máximos que fija la UE. El Gobierno catalán ha anunciado además que eliminará la restricción de circular a 80 kilómetros por hora en las entradas a Barcelona. El Ministerio de Medio Ambiente asegura que no tramitará las peticiones de moratoria si no ve avances contra la polución. El decreto presta especial atención a las partículas en suspensión PM2,5, que estudios recientes relacionan con el aumento de la mortalidad y los ingresos hospitalarios. Las Administraciones, asegura, “deberán realizar una evaluación preliminar” de la presencia de estas partículas en el aire. Medio Ambiente creará una red de medición con un punto de muestreo por cada millón de habitantes.
La nueva normativa va más allá de las exigencias europeas. De hecho, según explica Xavier Querol, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España se adelanta al resto de países al incluir el control de otro contaminante, el amoniaco (NH3). Se trata “de un gas altamente reactivo que favorece la generación de partículas secundarias”, dice el borrador. Los principales emisores de amoniaco son las actividades agropecuarias, aunque la industria y el tráfico rodado “pueden ser puntualmente importantes”.
El decreto alerta de que “en un futuro próximo” podrían incrementarse las emisiones del tráfico “por el uso masivo de sistemas de reducción catalítica selectiva”. Querol explica que actualmente los catalizadores de los vehículos llevan urea, que reduce el dióxido de nitrógeno, pero produce amoniaco. “Es lo que llevarán casi todos los diésel en el futuro”, añade.El ministerio considera que debe vigilar los niveles de amoniaco mediante la medición en estaciones de fondo regional (habrá cinco puntos en zonas rurales) y de tráfico en las principales ciudades españolas.
Todas las de más de 500.000 habitantes deberán contar con un punto de medición en un área de intensidad elevada de tráfico. Sin embargo, y pese a recoger con detalle la forma adecuada de medir las concentraciones de amoniaco (ni Madrid ni Barcelona lo hacen actualmente, por ejemplo), la norma aún no define objetivos de calidad para este contaminante.
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