Madrid, 27 de enero de 2013.
Empantanados en la crisis económica más profunda de nuestra vida, nos asaltan situaciones terribles: suicidios de parados o desahuciados, éxodo de jóvenes profesionales, auge de la caridad ante la pobreza sobrevenida, derrumbe de los precios en los escaparates, proliferación de los carteles de venta de pisos, austeridad extrema de millones para llegar a fin de mes…
Confrontados con esa realidad, queda lejos el escenario en que se dieron los primeros pasos de lo que se llamó responsabilidad social de las empresas (RSE). En torno al año 2000, como eco de las nuevas tendencias a escala mundial, surgieron iniciativas en España que apuntaban a que la empresa necesitaba recuperar legitimidad ante la ciudadanía introduciendo límites sociales y medioambientales a su comportamiento.
Durante la primera década de este siglo, el desarrollo de la RSE fue imparable. Surgieron iniciativas como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, el Global Reporting Initiative o la ISO26000. Proliferaron las iniciativas regionales, desde el Business for Social Responsibility de EE UU hasta las directivas europeas sobre RSE. Segmentos del sector financiero comenzaron a mostrar sensibilidad al comportamiento responsable de la empresa y surgieron los índices bursátiles de sostenibilidad (Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good) o los principios para la inversión responsable. La RSE se introdujo en casi todas las grandes empresas, donde se crearon departamentos dedicados a incrustarla en la estrategia corporativa. Alentados por ese desarrollo, los iconos económicos dominantes, como The Economist, la consagraron y endorsaron. Todo parecía indicar que, en 10 años, la RSE había ganado la batalla de las ideas.
Pero aún no ha ganado la batalla de la realidad. Es cierto que la RSE ha vacunado a las empresas de los desmanes sociales y ambientales que la búsqueda exclusiva del beneficio bursátil puede acarrear, les ha dado más transparencia a través de los informes de sostenibilidad y les ha proporcionado la noción de que los interlocutores de la empresa no son solo sus accionistas, sino un mapa mucho más amplio de grupos de interés (stakeholders).
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