La Comisión Europea evitó elevar su objetivo de recorte de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para 2020 hasta el 30 %, pero propuso un plan para que la UE cumpla con sus compromisos internacionales a largo plazo de manera rentable.
Los Veintisiete han prometido reducir sus emisiones de CO2 en un 20 % en 2020 -un 30 % si otros socios internacionales realizan esfuerzos equivalentes- y entre un 80 y un 95 % en 2050. En 2010 el recorte ya fue del 17 % respecto a los niveles de 1990.
El Ejecutivo comunitario considera que estas metas pueden alcanzarse sin costes excesivos si se aplican las recomendaciones de su llamada “Hoja de ruta para una economía baja en carbono en 2050” y su “plan de eficiencia energética para 2011”, ambos presentados hoy ante el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).
Bruselas apuesta por que el grueso del recorte de emisiones se realice dentro de la UE y considera que a medio plazo las metas deberían ser: 40 % en 2030, 60 % en 2040 y 80 % en 2050.
Acerca del objetivo para 2020, se limita a decir que la oferta europea (el 30 % condicional) sigue sobre la mesa y que si se cumple el compromiso de eficiencia energética para ese año (un ahorro del 20 %), la UE podría fácilmente llegar al 25 % en la rebaja de CO2.
El principal problema es que el objetivo europeo de ahorro energético, que tiene carácter voluntario, no parece que vaya a cumplirse ni a ir mucho más allá de un 10 %, según los propios cálculos de la CE.
Por tanto, para lograr la reducción del 20 % de las emisiones, la Comisión ve necesario retirar parte de los permisos de emisión del mercado europeo del carbono a partir de 2013, una medida pensada para elevar el precio del CO2 y conseguir que contaminar resulte más caro y, por tanto, menos interesante que invertir en tecnologías limpias.
La comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, tenía previsto que la retirada de permisos fuera de entre 500 y 800 millones para la fase 2013-2020, según una versión anterior de la propuesta de hoy, pero la fuerte oposición de la industria y de varios de sus colegas de la CE obligaron a presentar el documento sin cifras concretas.
La industria se queja de que tal medida constituye una manera encubierta de obligar a las compañías a realizar mayores esfuerzos de reducción de emisiones en menos tiempo, pero Bruselas sostiene que la cancelación se realizará de manera gradual y respetará los derechos de emisión que ya poseen las compañías.
La UE cuenta con alrededor de 2.000 millones de derechos de emisión para 12.000 instalaciones industriales de los Veintisiete y su mercado del carbono está valorado en unos 90.000 millones de euros al año. Cada permiso da derecho a emitir una tonelada de CO2 y cuesta más de 15 euros.
La Comisión cree, por otro lado, que habrá que invertir unos 270.000 millones de euros adicionales durante los próximos 40 años en tecnologías ya existentes como las renovables, las redes inteligentes y la captura y almacenamiento de carbono; aunque asegura que sólo en ahorro de importaciones de petróleo y gas ya se conseguirán entre 175.000 y 320.000 millones de euros anuales.
También habrá que actuar en transporte, electricidad, agricultura y edificios para mejorar su funcionamiento y lograr que sean menos contaminantes.
La comunicación presentada por Bruselas será estudiada a continuación por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE y desarrollada en estrategias específicas por sectores.